Introducción: La Encrucijada Histórica de la Justicia Penal Española

Contexto y Justificación

La justicia penal en España se encuentra en un punto de inflexión histórico. El debate sobre la necesidad de modernizar su estructura procesal, que se ha extendido durante décadas entre la doctrina jurídica y los actores políticos, parece haber alcanzado un momento decisivo.1 En el centro de esta transformación se encuentra la figura del Juez de Instrucción, un pilar del sistema desde el siglo XIX, cuya función como director de la investigación criminal representa una singularidad en el panorama europeo contemporáneo. La mayoría de los países de nuestro entorno han optado por un modelo en el que la investigación es liderada por el Ministerio Fiscal, reservando al juez un rol de árbitro imparcial y garante de los derechos fundamentales.

Este informe exhaustivo se adentra en el análisis de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), un cambio legislativo que busca alinear a España con estos estándares europeos, prometiendo una justicia más ágil, eficaz y garantista.

Presentación del Nuevo Paradigma

La reforma pivota sobre un cambio fundamental de roles. El modelo actual, centrado en el Juez de Instrucción, será reemplazado por un nuevo paradigma protagonizado por dos figuras clave:

1. El Fiscal Instructor: Será el nuevo director de la investigación penal. Como titular de la acción penal, asumirá la responsabilidad de reunir las pruebas, dirigir a la policía judicial y dar impulso al procedimiento desde su inicio.
2. El Juez de Garantías: Esta figura, de nueva creación, actuará como un supervisor imparcial durante la fase de investigación. Su misión no será investigar, sino salvaguardar los derechos fundamentales de todos los intervinientes, autorizando aquellas diligencias que puedan ser restrictivas de libertades, como las escuchas telefónicas o las entradas y registros.

El Hito Legislativo Clave

Este debate, lejos de ser meramente teórico, ha cristalizado en una acción gubernamental concreta. En mayo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de reforma, un paso que materializa la voluntad política de llevar a cabo esta profunda transformación.3 Esta decisión no solo impulsa el cambio de modelo, sino que también responde a recomendaciones de organismos internacionales como el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que ha instado a España a reforzar la autonomía e independencia de su Ministerio Fiscal.3

La gestación de esta reforma ha sido un proceso largo y complejo, reflejo de las profundas implicaciones que conlleva. No se trata de una iniciativa repentina ni de una imposición partidista. De hecho, la necesidad de este cambio ha sido reconocida por gobiernos de distinto signo político, con intentos legislativos previos que no llegaron a prosperar en 2011, bajo un gobierno del PSOE, y en 2013, con el PP en el poder.1 Esta persistencia en el tiempo evidencia que el modelo actual adolece de deficiencias estructurales ampliamente reconocidas. El hecho de que hayan sido necesarios tantos años para llegar a este punto subraya la magnitud de los obstáculos, principalmente los relacionados con la garantía de independencia del Ministerio Fiscal y la asignación de los recursos necesarios. El éxito de la reforma actual dependerá, en última instancia, de su capacidad para superar estas barreras históricas, convirtiendo una crónica debilidad del sistema en una fortaleza para el Estado de Derecho.

El Modelo Actual vs. El Futuro Propuesto: ¿Quién Investiga y Por Qué Cambiar?

El Juez de Instrucción: Un Legado en Cuestión

El sistema procesal penal español, regulado por una Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1882, otorga al Juez de Instrucción la dirección de la fase de investigación, conocida como instrucción o sumario.2 En esta función, el juez actúa como un investigador principal, con la obligación de recabar todas las pruebas, tanto las que incriminan como las que exculpan al sospechoso.

Sin embargo, este modelo ha sido objeto de críticas crecientes por una razón fundamental: el riesgo de «contaminación» o pérdida de la imparcialidad objetiva. La jurisprudencia, tanto nacional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha señalado que un juez que se implica activamente en la búsqueda de pruebas puede formarse una opinión previa sobre la culpabilidad del investigado.6 Esta toma de posición anímica, aunque sea inconsciente, puede comprometer la neutralidad que se le exige a quien, en fases posteriores, debe tomar decisiones cruciales como la apertura de juicio oral. La reforma busca, por tanto, separar tajantemente las funciones de investigar y juzgar, adecuando el proceso a las exigencias constitucionales de un juez imparcial.1

El Nuevo Protagonista: El Fiscal Instructor -El Fiscal Investigador

Funciones y Competencias

Con la nueva ley, el Fiscal asumirá la dirección de la investigación penal. Esto implica que será él quien dé las órdenes e instrucciones a la Policía Judicial, que pasará a depender funcionalmente de la Fiscalía en el marco de cada investigación.5 El objetivo es dotar a la fase de instrucción de una mayor coherencia y eficacia. Al ser el Fiscal el titular de la acción penal, se considera que es la figura más adecuada para liderar la búsqueda de los elementos que sustentarán la futura acusación. Se espera que este modelo fomente la especialización de los fiscales en áreas delictivas complejas (corrupción, delitos económicos, ciberdelincuencia), lo que redundaría en investigaciones más ágiles y profundas.7

El Espejo de la Justicia de Menores: Un Precedente de Éxito

Para avalar la idoneidad de este cambio, los defensores de la reforma señalan un precedente de éxito consolidado en el propio sistema español: la jurisdicción de menores. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor en el año 2000, es el Fiscal quien dirige la investigación de los delitos cometidos por jóvenes de entre 14 y 18 años.7

La experiencia acumulada durante más de dos décadas en este ámbito es altamente positiva. El propio Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha destacado la eficiencia de este modelo, especialmente en causas complejas con implicados tanto menores como adultos, donde la parte de la investigación dirigida por el fiscal avanza con mayor celeridad.9

Una de las claves del éxito en la justicia juvenil es la aplicación del principio de oportunidad. A diferencia del proceso de adultos, donde el principio de legalidad obliga a perseguir todos los delitos, en el ámbito de menores el fiscal tiene la facultad de no iniciar un procedimiento formal en delitos de menor gravedad si considera que es más beneficioso para el interés del menor optar por soluciones extrajudiciales, como la reparación del daño a la víctima o la participación en programas educativos.7 Esta flexibilidad ha demostrado ser una herramienta eficaz para la reeducación y reinserción, evitando la estigmatización de un juicio.

La Nueva Figura Clave: El Juez de Garantías

La transferencia de la investigación al Fiscal no supone la desaparición del control judicial. Al contrario, se crea una figura específica para este fin: el Juez de Garantías. Su misión es velar por la correcta aplicación de la ley y, fundamentalmente, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos durante la investigación.6

Este juez no participará en la búsqueda de pruebas, sino que actuará a instancia de las partes (Fiscalía o defensas) para autorizar aquellas diligencias que supongan una injerencia en derechos protegidos por la Constitución, como el secreto de las comunicaciones (intervenciones telefónicas), la inviolabilidad del domicilio (registros) o el derecho a la libertad (prisión provisional).11

La existencia de esta figura es, en realidad, la piedra angular que dota de legitimidad constitucional a toda la reforma. El problema del modelo antiguo no es solo la «contaminación» del juez, sino la concentración de funciones. Al otorgar la investigación a un Fiscal, que es una «parte» en el proceso, se corría el riesgo de crear un desequilibrio si no se establecía un contrapeso robusto e imparcial. El Juez de Garantías es ese contrapeso. Su creación no es un mero cambio de nombre, sino una necesidad estructural que materializa la separación de poderes dentro de la fase pre-procesal, resolviendo la disfunción del sistema actual. La eficacia y credibilidad de todo el nuevo modelo dependerán, en gran medida, de la fortaleza, independencia y recursos con los que se dote a este nuevo Juez de Garantías. Si su papel es débil o meramente formal, la reforma podría, paradójicamente, mermar las garantías procesales en lugar de reforzarlas.

El Debate Central: La Independencia del Ministerio Fiscal

El Nudo Gordiano de la Reforma

Si hay un punto que concentra todas las tensiones y preocupaciones en torno a la reforma, es la independencia del Ministerio Fiscal. A diferencia de los jueces, que son independientes y solo están sometidos al imperio de la ley, la Fiscalía se estructura como un cuerpo jerarquizado. En su cúspide se encuentra el Fiscal General del Estado (FGE), que es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno.12 Esta vinculación con el poder ejecutivo es el origen de la principal crítica al nuevo modelo: el riesgo de que las investigaciones penales, especialmente aquellas que afectan a intereses políticos o económicos, puedan ser instrumentalizadas o dirigidas por el Gobierno de turno.13

La Postura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): Un Veredicto Crítico

El órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, ha sido una de las voces más autorizadas y críticas con la reforma en su estado actual. A través de dos informes clave, uno sobre el anteproyecto de LECrim emitido por unanimidad en diciembre de 2024 14 y otro sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) en

junio de 2025 17, el Consejo ha lanzado una advertencia contundente.

La principal conclusión del CGPJ es que el nuevo modelo de fiscal investigador «sólo puede ponerse en marcha si con carácter previo se aborda una ambiciosa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal» que «enfatice y fortalezca» su independencia.16 Considera «imperativo» que se disipe cualquier duda sobre la autonomía de la institución antes de entregarle una potestad tan sensible como la dirección de la investigación penal, alertando del riesgo de ponerla en manos de un órgano percibido como «subordinado al Gobierno».19

Las críticas específicas del CGPJ son precisas y profundas:

• Falta de definición como órgano independiente: El Consejo afea que el proyecto de reforma del EOMF no incluya desde su primer artículo una mención explícita al «carácter de órgano independiente» de la Fiscalía, no sujeto a directrices de ningún poder del Estado.17
• Ambigüedad en el cese del FGE: Aunque se valora positivamente la ampliación del mandato, el CGPJ considera que la causa de cese por «incumplimiento grave o reiterado de sus funciones» sigue siendo demasiado vaga y podría prestarse a interpretaciones discrecionales.18
• Insuficiencia de las prohibiciones al Gobierno: El informe echa en falta una prohibición tajante de que el Gobierno pueda dar órdenes o instrucciones al Fiscal General, similar a la que existe para la Fiscalía Europea, argumentando que la transparencia por sí sola no garantiza la independencia.18
• Necesidad de limitar las instrucciones internas: El CGPJ sugiere suprimir o, como mínimo, regular de forma muy estricta las instrucciones que los superiores jerárquicos pueden dar a los fiscales encargados de un caso, exigiendo que sean transparentes, motivadas, por escrito y nunca en sentido negativo (es decir, para ordenar que no se investigue).21

Las Medidas del Gobierno para Reforzar la Autonomía

Consciente de estas críticas, el Gobierno incluyó en su propuesta de reforma del EOMF de mayo de 2025 una serie de medidas destinadas a fortalecer la autonomía de la Fiscalía 3:

• Ampliación del mandato del FGE: Se propone extender el mandato de cuatro a cinco años, con el objetivo de desvincularlo del ciclo de la legislatura del Gobierno que lo nombra.12
• Mecanismo de cese reforzado: Para cesar al FGE por incumplimiento grave de sus funciones, será necesario un informe previo (aunque no vinculante) del CGPJ.5
• Prohibición de comparecencia ante el Gobierno: Se prohíbe expresamente que el Fiscal General del Estado pueda ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros.3

A pesar de estas medidas, para muchos críticos, especialmente el CGPJ y las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, estos cambios son insuficientes para romper la percepción de dependencia del poder ejecutivo.

El Mosaico de Opiniones de las Asociaciones Profesionales

El debate ha generado un intenso posicionamiento por parte de las asociaciones que representan a jueces y fiscales, dibujando un mapa de opiniones complejo y a menudo dividido.

• Asociaciones de Fiscales: Existe un consenso generalizado en que la Fiscalía debe asumir la instrucción, pues se considera una función más propia de su naturaleza que la de un juez.7 Sin embargo, las diferencias surgen en cuanto a las garantías.
• La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, se muestra muy crítica, alineándose con el CGPJ al considerar que las garantías de independencia propuestas son insuficientes y que sin una autonomía real, el modelo es inviable.12
• La Unión Progresista de Fiscales (UPF), por su parte, valora la reforma como un paso necesario hacia la modernización de la justicia, aunque también demanda los medios adecuados para llevarla a cabo.22
• La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también ha expresado sus recelos sobre la falta de una ruptura clara con el poder ejecutivo.
• Asociaciones de Jueces: El escepticismo es la tónica dominante en la judicatura.
• La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) comparten la preocupación por el riesgo de politización de las investigaciones penales.12
• El Foro Judicial Independiente (FJI) se opone frontalmente al cambio en las condiciones actuales, argumentando que el «riesgo de injerencias políticas» es demasiado elevado.13
• Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se muestra más abierta al cambio de modelo, reconociéndolo como más coherente, pero lo condiciona a que se establezcan salvaguardas legales robustas para asegurar una independencia fiscal plena y efectiva.13

Este cruce de argumentos revela una paradoja fundamental. El Gobierno impulsa la reforma para homologar el proceso penal español a los estándares europeos, citando recomendaciones de organismos como el GRECO sobre la necesidad de separar las funciones de investigación y enjuiciamiento.3 Al mismo tiempo, los críticos de la reforma, como el CGPJ y las asociaciones, utilizan los estándares de esas mismas instituciones europeas (el TEDH, la Comisión de Venecia, el propio GRECO) para denunciar que el modelo propuesto es inviable porque no cumple con el requisito fundamental de la independencia del fiscal frente al poder político.18

Ambas partes tienen razón, porque se refieren a dos conjuntos distintos de estándares europeos: uno sobre la estructura del proceso y otro sobre la independencia de los actores. La reforma española intenta importar un modelo procesal europeo sin importar simultáneamente el modelo de independencia política que lo sustenta en los países de referencia. Al hacerlo, la reforma no solo busca modernizar la justicia, sino que, de forma no intencionada, pone el foco sobre una de las debilidades más profundas del sistema español: la estrecha relación entre el poder ejecutivo y la cúpula del Ministerio Fiscal.

Modelos de Referencia en Europa: Un Análisis Comparado

Para comprender en toda su dimensión la propuesta española, es imprescindible analizar cómo funcionan los sistemas de investigación penal en otros países europeos que se toman como referencia. Lejos de ser un bloque monolítico, Europa presenta diversos modelos que combinan de forma diferente los roles de fiscal, juez y policía.

Tabla Comparativa de Modelos de Instrucción Penal en Europa

La siguiente tabla resume las características principales de los sistemas de España (propuesta), Francia, Italia y Alemania, permitiendo una visualización rápida de sus similitudes y diferencias.

Francia: Un Sistema Híbrido y Complejo

El modelo francés es a menudo citado como un sistema de fiscal investigador, pero la realidad es más matizada. Si bien el Procureur de la République (Fiscal de la República) dirige la gran mayoría de las investigaciones policiales (enquêtes), para los delitos más graves y complejos (crimes), la figura del Juez de Instrucción (Juge d’instruction) no solo pervive, sino que juega un papel central, encargándose de aproximadamente el 5% de los asuntos penales, que suelen ser los de mayor relevancia social y mediática.26

El sistema francés también cuenta con una robusta figura de garantías, el Juez de las Libertades y de la Detención (Juge des libertés et de la détention, JLD). Creado en el año 2000, este magistrado es el único competente para decidir sobre la prisión provisional y otras medidas que restringen gravemente las libertades, actuando como un contrapeso tanto para el fiscal como para el juez de instrucción.27 El JLD es el equivalente funcional más directo del propuesto Juez de Garantías español.

Italia: El «Estándar de Oro» de la Independencia Fiscal

El sistema italiano es el modelo que los críticos de la reforma española suelen presentar como el ideal a seguir, fundamentalmente por una característica que lo define: la independencia del fiscal. El Pubblico Ministero (Ministerio Público) en Italia no es un cuerpo dependiente del ejecutivo, sino que forma parte de la magistratura, es decir, del Poder Judicial.29 Sus miembros tienen el mismo estatus y garantías de independencia que los jueces.

En este modelo, el fiscal dirige la investigación preliminar, pero bajo la supervisión constante del Juez para las Investigaciones Preliminares (Giudice per le Indagini Preliminari, GIP). El GIP no investiga, pero ejerce un control jurisdiccional sobre la actividad del fiscal: autoriza las medidas cautelares, las prórrogas de los plazos de investigación y, al final de la misma, decide si la petición de enjuiciamiento del fiscal está suficientemente fundada como para abrir un juicio oral o si, por el contrario, procede el archivo de la causa.31 El GIP es, por tanto, un juez de garantías con amplias facultades de control sobre el fondo de la investigación.

Alemania: El Fiscal como «Dueño de la Investigación» pero Dependiente del Ejecutivo

El modelo alemán presenta una paradoja que resulta especialmente relevante para el debate español. El fiscal alemán, el Staatsanwalt, es considerado el «dueño del procedimiento de investigación» (Herr des Ermittlungsverfahrens) y tiene la obligación legal de investigar con objetividad, buscando tanto los elementos de cargo como los de descargo.34

Sin embargo, a diferencia de su homólogo italiano, el Staatsanwalt no es un magistrado independiente. Es un funcionario público integrado en la estructura del poder ejecutivo y, por tanto, está sujeto a las instrucciones y directrices del Ministerio de Justicia del Land (estado federado) correspondiente.36 Aunque en la práctica las instrucciones en casos concretos son infrecuentes y controvertidas, la dependencia jerárquica es una característica definitoria del sistema. Además, en la práctica diaria, se ha señalado que en los delitos de menor entidad, la policía tiende a llevar el peso real de la investigación, remitiendo las diligencias al fiscal para que este decida si acusa o archiva, lo que se ha denominado una «policización» de la instrucción.37

Este análisis comparado revela que el debate en España no es tan simple como «juez vs. fiscal». La cuestión fundamental es qué tipo de fiscal se quiere. La reforma española adopta una estructura procesal similar a la de sus vecinos (un fiscal que investiga y un juez que garantiza), pero la configuración política del Ministerio Fiscal, con su fuerte vínculo jerárquico con un FGE nombrado por el Gobierno, se asemeja mucho más al modelo alemán que al italiano.

Por lo tanto, los críticos argumentan que España está importando los poderes y las funciones del fiscal investigador europeo, pero sin las garantías de independencia que lo legitiman en países como Italia. En su lugar, se acerca a los riesgos inherentes al modelo alemán, donde la posibilidad de influencia política en la investigación penal es una preocupación estructural. La discusión, por tanto, no es sobre si adoptar o no un modelo europeo, sino sobre qué filosofía europea se está realmente abrazando: la de la independencia judicial o la de la subordinación al ejecutivo.

Implicaciones Prácticas de la Reforma: Agilidad, Recursos y Derechos

Más allá de los grandes debates doctrinales y políticos, la implantación del fiscal investigador tendrá consecuencias directas en el funcionamiento diario de la justicia, afectando a los tiempos de los procesos, a las necesidades materiales de la administración y a los derechos de los ciudadanos.

Agilidad y Plazos: ¿Una Justicia Realmente más Rápida?

La principal promesa de la reforma es la agilización de la justicia penal.2 Uno de los problemas más endémicos del sistema actual son las dilaciones indebidas, con investigaciones que se prolongan durante años, especialmente en casos de corrupción o criminalidad organizada. Según datos disponibles, la duración media de los procedimientos judiciales en España puede superar los 25 meses 38, y dentro de la jurisdicción penal, procedimientos complejos como los sumarios ordinarios pueden alcanzar una media de 24.3 meses en algunas regiones.39

Para combatir esta lentitud, la reforma se apoya en los plazos máximos de investigación establecidos en el artículo 324 de la LECrim. Este artículo, modificado varias veces en los últimos años, fija un plazo ordinario de 12 meses para la instrucción, prorrogable por periodos de 6 meses si la investigación lo requiere.40 La idea es que, al estar la investigación en manos del fiscal, que es la parte que tiene el interés directo en acusar, la gestión de estos plazos será más eficiente y se evitarán periodos de inactividad. Se espera que la especialización y la dirección unificada de la investigación contribuyan a cumplir estos objetivos temporales.

El Desafío de los Recursos: ¿Está Preparada la Fiscalía?

Una de las mayores preocupaciones, compartida por todas las asociaciones de jueces y fiscales, es si la Fiscalía cuenta con los medios necesarios para asumir esta ingente nueva tarea.7 La reforma no será efectiva si no va acompañada de una inversión económica significativa. Esto implica:

• Más Fiscales y Personal de Apoyo: Es necesario un aumento considerable de la plantilla de fiscales y de funcionarios de los cuerpos de Tramitación y Auxilio Judicial que les asistan. Las asociaciones progresistas ya han reclamado una gran convocatoria de plazas para poder aplicar las últimas reformas con garantías.22
• Policía Judicial Adscrita: Para que la dirección de la investigación sea real, se necesita que unidades de la Policía Judicial dependan funcionalmente de la Fiscalía, recibiendo sus instrucciones de forma directa y prioritaria.
• Medios Técnicos y Periciales: La Fiscalía debe tener a su disposición, de forma ágil y con presupuesto propio, acceso a peritos y expertos independientes en diversas materias (economía, informática, ingeniería) para poder afrontar investigaciones complejas.

Sin esta dotación de recursos, existe el riesgo real de que la reforma genere el efecto contrario al deseado: un colapso en las fiscalías, que se verían desbordadas por el volumen de trabajo, creando un nuevo cuello de botella que podría incluso agravar las dilaciones.

El Reequilibrio de Garantías: Derechos del Investigado y la Víctima

La reforma redefine el equilibrio de poderes y derechos en la fase de investigación. Es crucial entender que, bajo el nuevo modelo, las diligencias practicadas por el fiscal no son «pruebas» en sí mismas, sino «fuentes de prueba». Su objetivo es localizar y asegurar los elementos (testimonios, documentos, objetos) que posteriormente deberán ser presentados y validados en un juicio oral, público y contradictorio. Solo en el juicio, bajo los principios de inmediación y contradicción, estas fuentes se convierten en prueba de cargo o de descargo.

Esto tiene implicaciones directas para los derechos de las partes:

• Para el investigado: El derecho de defensa se ve reforzado en su vertiente contradictoria. La defensa deberá ser más proactiva desde el inicio, no solo frente a un juez imparcial, sino frente a un fiscal que está construyendo una acusación. El papel del Juez de Garantías se vuelve fundamental para proteger al investigado de posibles excesos por parte del órgano de acusación.
• Para la víctima: El informe del CGPJ advierte de la necesidad de definir con mayor precisión las facultades del Juez de Garantías para tutelar los derechos de las víctimas y el ejercicio de la acción popular (ejercida por ciudadanos o asociaciones).14 Es vital que la agilización del proceso no se traduzca en una menor protección o participación de quienes han sufrido el delito.

La reforma plantea, por tanto, un complejo «trilema» entre sus tres objetivos principales: agilidad, recursos y garantías. Estos tres elementos están en tensión. Aumentar la agilidad requiere más recursos. Si no se proporcionan, la presión por cumplir los plazos podría llevar a los fiscales a realizar investigaciones menos exhaustivas, erosionando las garantías. Por otro lado, un ejercicio muy riguroso de las funciones del Juez de Garantías, si bien protege los derechos, podría ralentizar los procedimientos, frustrando el objetivo de agilidad. El éxito de la reforma dependerá de encontrar un equilibrio sostenible entre estos tres vértices, pero el escenario más probable es que la implementación final implique una negociación y un sacrificio parcial en alguno de ellos. La gran pregunta es cuál será el elemento sacrificado: la velocidad, las garantías o el presupuesto.

Conclusiones: Hacia una Justicia Penal del Siglo XXI

La propuesta de entregar la instrucción penal al Ministerio Fiscal representa el intento más ambicioso de modernizar la justicia penal española en más de un siglo. Este cambio estructural, largamente demandado por un sector importante de la doctrina, busca corregir una anomalía histórica y alinear el procedimiento español con el de la mayoría de las democracias europeas.

Los beneficios potenciales son innegables: una mayor agilidad procesal, la especialización de los investigadores, una separación más nítida entre la función de investigar y la de juzgar, y, en teoría, un refuerzo de la imparcialidad judicial. El éxito probado del modelo en la jurisdicción de menores sirve como un poderoso aval de sus posibilidades.

Sin embargo, esta reforma nace con dos hipotecas de enorme calado que condicionan por completo su viabilidad y legitimidad:

1. La independencia del Ministerio Fiscal: Este es el talón de Aquiles del proyecto. Mientras persista la percepción, fundada en su actual Estatuto Orgánico, de que la Fiscalía es un órgano jerárquicamente vinculado al poder ejecutivo, la entrega de la investigación penal generará una profunda desconfianza. Las medidas propuestas por el Gobierno para reforzar la autonomía del Fiscal General del Estado son un paso en la dirección correcta, pero son consideradas insuficientes por el CGPJ y las principales asociaciones profesionales. Sin una reforma previa, ambiciosa y creíble del EOMF que garantice una autonomía real y percibida, el nuevo modelo podría ser visto como un instrumento que facilita la injerencia política en la justicia, en lugar de como un avance para el Estado de Derecho.
2. La necesidad de recursos: Un cambio de esta magnitud no puede hacerse a coste cero. Sin una inversión decidida y sostenida en más fiscales, más personal de apoyo, medios técnicos avanzados y una policía judicial eficazmente adscrita, la reforma está condenada al fracaso. El riesgo de sustituir el colapso de los juzgados de instrucción por el colapso de las fiscalías es real y supondría una inmensa frustración para los ciudadanos y los profesionales de la justicia.

En definitiva, la reforma de la instrucción penal es un paso necesario, pero no suficiente. Su éxito no depende solo del cambio de titular en la dirección de la investigación, sino de un compromiso mucho más profundo con los pilares de la justicia: la independencia y los medios. La ley puede redibujar el mapa de las competencias, pero solo una voluntad política firme para garantizar la autonomía fiscal y dotar al sistema de los recursos adecuados podrá convertir este proyecto en una verdadera modernización de la justicia penal, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en una de las instituciones fundamentales de la democracia. Un fracaso, por el contrario, no solo supondría una oportunidad perdida, sino que podría erosionar gravemente esa misma confianza.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué es exactamente un Fiscal Investigador?

Un Fiscal Investigador es el fiscal que, en el nuevo modelo de proceso penal, asume la dirección de la investigación de un delito. Su función es reunir las pruebas y elementos necesarios para decidir si presenta una acusación formal ante un juez. Sustituye en esta labor al actual Juez de Instrucción, con el objetivo de que quien investiga no sea la misma persona que luego juzga.43

¿Desaparece el Juez de Instrucción? ¿Cuál es la función del Juez de Garantías?

El Juez de Instrucción como director de la investigación desaparece. En su lugar, se crea la figura del Juez de Garantías. Este nuevo juez no investiga, sino que actúa como un árbitro imparcial cuya misión principal es proteger los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en el proceso (investigados, víctimas, etc.). Es quien debe autorizar las medidas de investigación más sensibles, como las intervenciones telefónicas, los registros domiciliarios o la prisión provisional.6

¿Por qué se dice que la Fiscalía no es independiente del Gobierno?

La crítica sobre la falta de independencia se debe principalmente a dos factores estructurales del Ministerio Fiscal: 1) Su estructura jerárquica, donde los fiscales deben seguir las órdenes de sus superiores; y 2) El nombramiento del Fiscal General del Estado, máxima autoridad de la Fiscalía, que es propuesto por el Gobierno de turno. Esta vinculación con el poder ejecutivo genera la preocupación de que puedan existir injerencias políticas en las investigaciones.12

¿Cómo afecta esta reforma a mis derechos si soy investigado en un proceso penal?

La reforma busca reequilibrar las garantías. Por un lado, la investigación estará dirigida por el fiscal, que es la parte que acusa. Por otro, sus derechos fundamentales estarán protegidos por una nueva figura, el Juez de Garantías, que es totalmente ajeno a la investigación y actúa como un supervisor imparcial. Además, se mantiene intacto el principio de que solo lo que se demuestre en un juicio público, con posibilidad de contradicción por parte de su abogado, puede servir para una condena. La investigación del fiscal solo reúne «fuentes de prueba», no «pruebas» definitivas.

¿Serán los juicios más rápidos ahora?

Ese es uno de los principales objetivos de la reforma. Se espera que al poner la investigación en manos del fiscal, que es quien tiene el interés en llevar el caso a juicio, los procesos se agilicen y se eviten las largas demoras que actualmente sufre el sistema. La ley establece plazos máximos para la investigación para evitar dilaciones indebidas.40 Sin embargo, la efectividad de esta medida dependerá de que se dote a la Fiscalía de los recursos humanos y materiales necesarios.

¿Cuándo entrará en vigor esta nueva ley?

El Gobierno aprobó el anteproyecto de ley en mayo de 2025. Ahora debe iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y el Senado, un proceso que puede llevar varios meses e incluir modificaciones al texto original. Una vez aprobada definitivamente por las Cortes Generales y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la propia ley establecerá la fecha concreta de su entrada en vigor, que podría incluir un periodo de adaptación (vacatio legis) para permitir que la administración de justicia se prepare para el cambio.

Enlaces

Enlaces Internos

• El Voto de los Mayores

Enlaces Externos

• Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es).44
• Fiscalía General del Estado (www.fiscal.es).43.
• Consejo General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es) para acceder a sus informes oficiales.
• Boletín Oficial del Estado (BOE) cuando se publique el texto definitivo de la ley.
• Organismos europeos como el GRECO o el Consejo de Europa.

Obras citadas

1. Visión constitucional del fiscal instructor en el nuevo Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020 = Constitutional vision of the investigating prosecutor in the new Draft Bill of Criminal Prosecution Law of 2020 – ResearchGate, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.researchgate.net/publication/359430133_Vision_constitucional_del_fiscal_instructor_en_el_nuevo_Anteproyecto_de_Ley_de_Enjuiciamiento_Criminal_de_2020_Constitutional_vision_of_the_investigating_prosecutor_in_the_new_Draft_Bill_of_Criminal_P
2. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: sí, pero no – Hemeroteca, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://legado.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-59/3976-modificacion-de-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal-si-pero-no
3. El Gobierno aprueba la reforma de la Fiscalía para adaptarla a la …, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.mpr.gob.es/prencom/notas/paginas/2025/130525-reforma-fiscalia-futura-lecrim.aspx
4. El Gobierno aprueba la mayor reforma de la carrera judicial en 40 años – La Moncloa, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/paginas/2025/130525-rueda-de-prensa-ministros.aspx
5. El Gobierno aprueba la reforma para dar a la Fiscalía la instrucción penal y la dirección de la Policía Judicial – Noticias Jurídicas, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/20217-el-gobierno-aprueba-la-reforma-para-dar-a-la-fiscalia-la-instruccion-penal-y-la-direccion-de-la-policia-judicial/
6. Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal – Ministerio de Justicia, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/210126%20ANTEPROYECTO%20LECRIM%202020%20INFORMACION%20PUBLICA%20%281%29.pdf
7. Fiscales instructores: Un magistrado y una fiscal debaten a corazón abierto sobre si serán mejores que los jueces instructores – Confilegal, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://confilegal.com/20200417-fiscales-instructores-un-magistrado-y-una-fiscal-debaten-a-corazon-abierto-sobre-si-seran-mejores-que-los-jueces-instructores/
8. ¿Juez Instructor o Fiscal Investigador? – LegalToday, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.legaltoday.com/archivo/blogs-archivo/transversal-blogs-archivo/blog-lex-et-societas/juez-instructor-o-fiscal-investigador-2018-09-13/
9. El Fiscal General destaca la eficiencia de la investigación de los y …, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.fiscal.es/-/el-fiscal-general-destaca-la-eficiencia-de-la-investigacion-de-los-y-las-fiscales-en-la-jurisdiccion-de-menores-y-la-capacidad-organizativa-de-las-fiscalias-en-este-ambito
10. responsabilidad penal del menor: principios y medidas judiciales aplicables en el derecho penal español, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej/article/download/9/9
11. Justicia pide al CGPJ que acelere el informe sobre la reforma que deja en manos de fiscales las investigaciones penales – LegalToday, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/justicia-pide-al-cgpj-que-acelere-el-informe-sobre-la-reforma-que-deja-en-manos-de-fiscales-las-investigaciones-penales-2024-03-22/
12. Asociaciones de jueces y fiscales recelan de la reforma del Gobierno: «Los fiscales siguen sin ser independientes» – La Razón, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.larazon.es/espana/asociaciones-jueces-fiscales-recelan-reforma-gobierno-fiscales-siguen-ser-independientes_2025051368236046176f225ec6209758.html
13. ¿Qué opinan jueces y fiscales sobre atribuir a la Fiscalía la investigación de las causas penales? | E\&J – Economist & Jurist, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/que-opinan-jueces-y-fiscales-sobre-atribuir-a-la-fiscalia-la-investigacion-de-las-causas-penales/
14. El CGPJ aprueba por unanimidad el informe sobre la nueva LECrim, que encarga la investigación penal a los fiscales – Europa Press, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-aprueba-unanimidad-informe-nueva-lecrim-encarga-investigacion-penal-fiscales-20241218125711.html
15. El CGPJ aprueba por unanimidad el informe sobre la nueva LECrim, que encarga la investigación penal a los fiscales – LegalToday, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/el-cgpj-aprueba-por-unanimidad-el-informe-sobre-la-nueva-lecrim-que-encarga-la-investigacion-penal-a-los-fiscales-2024-12-19/
16. El CGPJ aprueba por unanimidad el informe que pide más independencia en la Fiscalía, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.lavanguardia.com/vida/20241218/10215032/cgpj-aprueba-unanimidad-informe-pide-mas-independencia-fiscalia-agenciaslv20241218.html
17. El CGPJ aprueba por unanimidad un informe que afea que la reforma de Fiscalía no aluda a su «carácter independiente» – Europa Press, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-aprueba-unanimidad-informe-afea-reforma-fiscalia-no-aluda-caracter-independiente-20250623140455.html
18. Unanimidad crítica: el CGPJ aprueba el informe sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pero advierte de deficiencias – Confilegal, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://confilegal.com/20250623-unanimidad-critica-el-cgpj-aprueba-el-informe-sobre-la-reforma-del-estatuto-organico-del-ministerio-fiscal-pero-advierte-de-deficiencias/
19. El CGPJ alerta sobre los riesgos de entregar la instrucción penal a una Fiscalía subordinada al Gobierno – El Debate, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.eldebate.com/espana/20241221/cgpj-alerta-sobre-riesgos-entregar-instruccion-penal-fiscalia-subordinada-gobierno_255332.html
20. El CGPJ aprueba por unanimidad un informe que afea que la reforma de Fiscalía no aluda a su «carácter independiente» – Iustel, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1256263
21. El CGPJ aprueba por unanimidad el informe sobre la nueva LECrim que otorga a fiscales responsabilidad en investigaciones penales – Noticias Jurídicas, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/19818-el-cgpj-aprueba-por-unanimidad-el-informe-sobre-la-nueva-lecrim-que-otorga-a-fiscales-responsabilidad-en-investigaciones-penales/
22. Últimas noticias sobre Unión Progresista de Fiscales (UPF) – Confilegal, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://confilegal.com/actualidad/union-progresista-de-fiscales-upf/
23. Asociaciones dicen que la reforma del Gobierno puede servir para «meter» jueces sustitutos por la «puerta de atrás – Noticias Jurídicas, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/19872-asociaciones-dicen-que-la-reforma-del-gobierno-puede-servir-para-quot;meterquot;-jueces-sustitutos-por-la-quot;puerta-de-atrasquot;/
24. Nota informativa: Las asociaciones judiciales ante las manifestaciones de responsables políticos sobre resoluciones judiciales – Juezas y Jueces para la Democracia, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.juecesdemocracia.es/2021/11/15/nota-informativa-las-asociaciones-judiciales-ante-las-manifestaciones-responsables-politicos-resoluciones-judiciales/
25. CUARTA RONDA DE EVALUACIÓN SEGUNDO INFORME INTERMEDIO DE CUMPLIMIENTO ESPAÑA – https: //rm. coe. int, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://rm.coe.int/cuarta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-respecto-de-mie/168098c68e
26. ¿Cuál es la estructura del sistema de justicia en Francia? – El Juego de la Suprema Corte, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/cual-es-la-estructura-del-sistema-de-justicia-en-francia-2/
27. Portada – diariolaley, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPwWrDMAz9mvkSGE7aZidf2lwKZYwu7K44WmJwLE-Ws-bv57Wb4CGeeHpP-srIW483MYyfxAtUI_oqMllMVEUM4KtG1weVtkBhW0zPGZXAkIx-erF1QaPASgbfkTU73f4yt2IPg9GKeEQ-bqZRQgL-iskc6r1KM32_wuomEEfhCPywdeNoul6X2rX7pm7VipyKwHy4CYOgmt00XwrkoU8IbOc3mNCcg7OOniHF29_4mEXK6iDh_c6V9aV3IHgCj2H8D4UY_XYlX06780ipfJKXEngOJ2DKCb3RPyb1-ZspAQAAWKE
28. El proceso penal francés – Alexandro Maria Tirelli, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://alexandrotirelli.it/es/2017/09/28/el-proceso-penal-frances/
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30. LA BATALLA POR EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN ITALIA* – Home | Colorado Law, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://lawweb.colorado.edu/profiles/pubpdfs/pizzi/la_batalla.pdf
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37. La Fiscalía alemana: temas relevantes de su organización y funciones – diariolaley – Documento relacionado, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://diariolaley.laleynext.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1NQYrDMAx8TX0pLElK6EmXNMeyLLuhd8UWjsG1uracNr-vaCs0SINmNP-V8jbRQ8CyC573N0oYTdkSp-0KU65kBOcCze5oW0Vn0ErFOLKFrnuxsNKEMzSGs6M8bLoJC8ZfKtC2fW_KwvdvXINHCZwGzO-_wTkYp0brcOi1zUq5qAAuwVMSMkvwy1khb30hzHb5QU-g6fWqGv7Ccnt8LkMVUfcs6e_FjY06RxQ6YaTkPrlP_cVHQvMAAAA=WKE
38. La duración media de los procedimientos judiciales en España supera los 25 meses | E\&J, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/la-duracion-media-de-los-procedimientos-judiciales-en-espana-supera-los-25-meses/
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40. BOE-A-2021-6369 Circular 1/2021, de 8 de abril, de la Fiscalía General del Estado, sobre los plazos de la investigación judicial del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal., fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6369
41. BOE-A-2015-10726 Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales., fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10726
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43. Cuestiones Generales – Fiscal.es, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://www.fiscal.es/cuestiones-generales
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45. Portales de internet del Poder Judicial – Punto de Acceso General, fecha de acceso: julio 5, 2025, https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/SedesElectronicas-y-Webs-Publicas/websPublicas/WP_PoderJudicial.html