Ordeno y mando por decreto
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Por decreto. España se define como un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Así lo establece el artículo 1 de la Constitución de 1978, que fue aprobada por una amplia mayoría de la ciudadanía tras el fin de la dictadura franquista. Sin embargo, más de cuatro décadas después, cabe preguntarse si España es realmente una democracia de calidad, o si por el contrario sufre de graves deficiencias que lastran su desarrollo y su convivencia. No se puede gobernar por decreto.
¿Es España una democracia por decreto?
Una de las principales críticas que se hacen al sistema político español es el uso abusivo y desproporcionado de los decretos ley por parte del Gobierno. Los decretos ley son normas con rango de ley que aprueba el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad, y que deben ser convalidadas o derogadas por el Congreso en el plazo de 30 días. Se trata de una figura constitucional que permite al Ejecutivo actuar con rapidez y eficacia ante situaciones de emergencia, pero que también supone una limitación del poder legislativo y del debate parlamentario. Por eso, los decretos ley deben ser utilizados con prudencia y moderación, y no como una vía para imponer la agenda política del Gobierno sin contar con el consenso de las demás fuerzas políticas.
Sin embargo, en los últimos años, se ha observado un incremento notable del número de decretos ley aprobados por el Gobierno, tanto del PSOE como del PP, que han recurrido a esta fórmula para aprobar medidas de diversa índole, desde las económicas hasta las sociales, pasando por las territoriales o las institucionales. Según datos del Congreso, desde 1979 hasta 2023 se han aprobado 1.234 decretos ley, de los cuales 1.131 han sido convalidados, 90 derogados y 13 caducados. Esto significa que el 91,6% de los decretos ley han salido adelante, lo que evidencia la escasa capacidad de control y de oposición del Parlamento. Además, muchos de estos decretos ley han sido cuestionados por su falta de urgencia o de necesidad, o por su contenido heterogéneo y disperso, que dificulta su análisis y su debate.
Otro de los aspectos que se señalan como negativos para la calidad democrática de España es la disciplina de voto que imponen los partidos políticos a sus diputados. La disciplina de voto es la obligación que tienen los diputados de votar según lo que dicta la dirección de su grupo parlamentario, y que los partidos regulan de forma interna. La disciplina de voto tiene como objetivo garantizar la coherencia y la unidad de acción de los partidos, así como el cumplimiento de sus programas electorales y de los pactos con otras fuerzas políticas. Sin embargo, la disciplina de voto también puede limitar la libertad y la representatividad de los diputados, que no pueden expresar su opinión personal o la de sus electores en determinadas cuestiones. Además, la disciplina de voto puede dificultar el consenso y el diálogo entre los distintos grupos parlamentarios, y favorecer la polarización y el enfrentamiento.
En España, la disciplina de voto es muy estricta y se aplica a casi todos los temas, salvo algunos considerados de conciencia, como el aborto o la eutanasia. Los partidos que rompen la disciplina de voto suelen ser sancionados con multas o con la expulsión del grupo parlamentario. Esto hace que los diputados se vean obligados a votar muchas veces en contra de sus convicciones o de sus intereses, lo que genera frustración y desafección. Además, la disciplina de voto impide que los diputados puedan ejercer su función de control al Gobierno, de iniciativa legislativa o de mediación entre el Estado y la sociedad. De esta forma, se reduce el papel del Parlamento a un mero trámite formal, y se debilita la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
Por último, se ha denunciado la falta de reformas democráticas que actualicen y mejoren el sistema político español, adaptándolo a los nuevos tiempos y a las demandas sociales. Algunas de las reformas democráticas que se han propuesto o debatido en España son las siguientes: la reforma de la ley electoral, para hacerla más proporcional y representativa; la reforma de la Constitución, para adaptarla a los nuevos retos y a las nuevas realidades; la reforma del Senado, para dotarlo de más competencias y de un carácter territorial; la reforma del modelo territorial, para clarificar las competencias y las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas; la reforma de la justicia, para garantizar su independencia y su eficacia; la reforma de la administración pública, para hacerla más transparente y participativa; o la reforma del sistema de partidos, para fomentar su renovación y su rendición de cuentas.
Estas reformas democráticas son necesarias para mejorar el funcionamiento y la calidad del sistema político español, que se ha visto afectado por diversos problemas, como la crisis económica, la corrupción, el descontento social, el auge de los nacionalismos, la fragmentación parlamentaria o la deslegitimación de las instituciones. Sin embargo, estas reformas democráticas no han sido abordadas con la suficiente voluntad y consenso por parte de los actores políticos, que han priorizado sus intereses partidistas o electorales sobre el interés general. Así, se ha producido un bloqueo institucional y una falta de diálogo y de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, que han impedido avanzar en la modernización y la regeneración de la democracia española.
En conclusión, España es una democracia que necesita mejorar su calidad y su adaptación a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas. Para ello, es imprescindible que el Gobierno haga un uso responsable y moderado de los decretos ley, que los partidos flexibilicen la disciplina de voto y que se impulse un proceso de reformas democráticas que cuente con la participación y el consenso de todos los actores políticos y sociales. Solo así se podrá fortalecer el Estado de derecho, el pluralismo político, la representatividad y la participación ciudadana, y se podrá recuperar la confianza y el orgullo de vivir en una democracia de calidad y dejar atrás esa forma de gobernar por decreto. Como dijo el filósofo John Dewey, “la democracia no es una forma de gobierno, sino una forma de vida”.
Enlaces y referencias
Gobernar por decreto Wikipedia
Otros temas políticos
Por decreto. Sánchez 120 Decretos ley El Independiente
Por decreto. Más de 3 decretazos al mes El confidencial