Democracia de segunda

Democracia defectuosa.

España una democracia plena o democracia de segunda

Democracia de segunda. Analizando la democracia española desde distintos prismas podemos intentar llegar a alguna conclusión acerca de la grado de madurez de la democracia española.

Establezcamos en primer lugar estos puntos de vista desde los cuales vamos a analizar para calificar el nivel democrático de España:

• Su sistema electoral
• El funcionamiento de su gobierno
• La participación política
• La cultura política y las libertades civiles.

Sistema proporcional de lista cerrada

España utiliza un sistema proporcional de lista cerrada a nivel nacional para elegir a los representantes del Congreso, lo que significa que los votantes eligen listas de partidos en bloque sin poder cambiar el orden.

Para el Senado, se combinan dos métodos: las circunscripciones provinciales para parte de los escaños, y una circunscripción única nacional para el resto.

Para obtener representación, un partido debe superar como mínimo el 3% de los votos válidos a nivel nacional para el Congreso, lo que perjudica a las pequeñas formaciones.

Este Sistema de listas cerradas, además de no permitir el voto preferente a candidatos convierte a los partidos políticos en máquinas al servicio de sus interese y no al de los ciudadanos.

Ningún políticos pondrá en peligro su carrera política, con sus privilegios y prebendas, defendiendo su opinión contra la opinión que emane de la dirección del partido.

Por otra parte, uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático es la separación y equilibrio efectivo entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Tras la última reforma de la Constitución en 1992, el Gobierno adquirió un mayor protagonismo al poder disolver las Cámaras y fijar su propia agenda legislativa.

El modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial, con mayoría de vocales políticos, vulnera su independencia e imparcialidad.

La disciplina de voto en los partidos resta poder al Parlamento, que aparece más como mero validador de las iniciativas gubernamentales.

La ausencia de una figura análoga al Ombudsman sueco, dificulta la fiscalización de la acción del Ejecutivo y la defensa de los derechos ciudadanos.

‘Ómbudsman’ es un término sueco que significa “representante del pueblo”. El ómbudsman parlamentario se instituyó en Suecia en 1809 y servía de “oído del pueblo”. Desde entonces, la función del ómbudsman ha adoptado muchas formas y propósitos distintos.

Los nombramientos polémicos que han cuestionado la independencia judicial

En conclusión, aunque la Carta Magna consagra la división de poderes, en la práctica existe un desequilibrio que debilita los contrapesos democráticos.

Además, hemos de destacar el descenso en la calidad democrática que han puesto de manifiesto temas como la gestión de la pandemia de la covid-19, que ha provocado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes; el conflicto político en
Cataluña, que sigue sin resolverse y que ha generado división y polarización; y la inestabilidad gubernamental, que ha dificultado la formación de mayorías parlamentarias y la aprobación de reformas estructurales.

Uno de los aspectos que más ha dañado la imagen de la democracia española ha sido el bloqueo de la renovación del CGPJ, que ha provocado que el órgano de gobierno de los jueces siga controlado por una mayoría conservadora, pese al cambio de signo político del Gobierno.

Asimismo, son motivo de censura algunos nombramientos que han generado controversia y que han sido recurridos por la oposición, como el de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez y que fue designada para el cargo en enero de 2020. El Tribunal Supremo ratificó su nombramiento en octubre de 2021, al considerar que no había motivos para anularlo, pero todo apunta que su designación «ha socavado la percepción de la independencia de la fiscalía».

Otro nombramiento que ha suscitado críticas ha sido el de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional, el máximo órgano de garantías de España, en enero de 2023. Conde-Pumpido fue fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, durante los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, y su elección se produjo por un solo voto de diferencia frente a la también progresista María Luisa Balaguer. Su nombramiento «ha aumentado la politización del tribunal y ha generado dudas sobre su imparcialidad».

Los desafíos que afronta la democracia española

La democracia española se enfrenta a varios desafíos que ponen en riesgo su calidad y su estabilidad. Entre ellos, destaca la necesidad de reformar el sistema judicial para garantizar su independencia y su eficacia, así como de alcanzar un consenso político para renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional. También subraya la importancia de gestionar adecuadamente la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, con especial atención a los sectores más vulnerables y a la cohesión territorial.

Asimismo, hay que resaltar la urgencia de resolver el conflicto catalán, que ha provocado una grave crisis institucional y una fractura social. El informe reconoce que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado abrir un diálogo con el Gobierno
catalán, pero advierte de que las posiciones siguen siendo muy alejadas y de que el independentismo sigue reclamando un referéndum de autodeterminación que el Estado rechaza. Es necesario buscar una solución política que respete la legalidad
y que cuente con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía.

Finalmente, es obligado apelar a la responsabilidad de los partidos políticos para fortalecer la democracia española y para evitar la polarización y el extremismo. El sistema político español se ha fragmentado y es imprescindible que los partidos recuperen el espíritu de consenso y de pacto que caracterizó la Transición y a defender los valores democráticos frente a las amenazas autoritarias.

Enlaces y referencias

Opinión
Democracia de segunda división
España, democracia de segunda división. El confidencial
Newtral
 

Por qué en Europa nos conceptúan como una democracia de segunda