¿un modelo eficiente o una forma de eludir responsabilidades?
La educación inclusiva es un derecho fundamental de todas las personas, que implica el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los alumnos y alumnas, especialmente de aquellos que tienen necesidades educativas especiales o que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Para garantizar este derecho, es necesario contar con recursos humanos y materiales adecuados, que permitan ofrecer una atención personalizada y de calidad a cada estudiante.
En Andalucía, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional es el órgano competente para diseñar y ejecutar las políticas de educación inclusiva, así como para dotar a los centros educativos de los medios necesarios para su desarrollo. Sin embargo, desde hace varios años, la Junta de Andalucía ha optado por externalizar algunos de estos servicios, delegando su gestión en empresas privadas que contratan al personal técnico de integración social (PTIS) y a los intérpretes de lengua de signos (ILSE), que son los encargados de atender al alumnado con discapacidad o con dificultades de comunicación.
Según la Consejería, esta externalización responde a criterios de eficiencia y racionalización del gasto público, ya que permite adaptar la oferta de estos servicios a la demanda real de cada centro y de cada curso escolar, evitando así el sobredimensionamiento de las plantillas o la duplicidad de funciones. Además, la Consejería afirma que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), que es el organismo que firma los contratos con las empresas, vela por el cumplimiento de las condiciones de calidad y de los requisitos técnicos exigidos para la prestación de estos servicios.
Sin embargo, esta externalización también ha generado numerosas críticas y protestas por parte de los colectivos afectados, que denuncian las precarias condiciones laborales y profesionales que sufren los trabajadores y trabajadoras de estas empresas, así como las consecuencias negativas que tiene esta situación para la calidad de la educación inclusiva en Andalucía.
Entre los problemas que se han detectado, se encuentran los siguientes:
- La inestabilidad laboral y la falta de continuidad de los PTIS y los ILSE, que cada año tienen que renovar sus contratos con las empresas, sin saber si van a seguir trabajando en el mismo centro o si van a tener trabajo. Esto dificulta la creación de vínculos y la coordinación con el resto del equipo educativo, así como la planificación y el seguimiento de las intervenciones con el alumnado.
- La baja remuneración y la falta de reconocimiento profesional de los PTIS y los ILSE, que cobran unos salarios muy inferiores a los de otros profesionales de la educación, y que no tienen derecho a percibir complementos salariales por antigüedad, formación o responsabilidad. Además, estos trabajadores y trabajadoras no tienen una categoría profesional específica, ni un marco normativo que regule sus funciones y competencias, lo que dificulta su desarrollo profesional y su participación en los procesos de formación continua.
- La insuficiencia y la desigualdad en la distribución de los recursos, que hace que muchos centros educativos no cuenten con el número suficiente de PTIS y de ILSE para atender a todo el alumnado que lo necesita, o que haya diferencias significativas entre las horas y los días que se asignan a cada centro o a cada alumno o alumna. Esto implica que muchos estudiantes no reciban la atención adecuada, o que se produzcan situaciones de discriminación o de exclusión.
- La falta de control y de transparencia en la gestión de los contratos, que hace que no se conozcan los criterios que se utilizan para adjudicar los servicios a las empresas, ni las condiciones que se establecen en los pliegos de prescripciones técnicas. Tampoco se dispone de mecanismos de evaluación y de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos y de los estándares de calidad de los servicios.
Ante esta situación, los PTIS y los ILSE han iniciado diversas movilizaciones y reivindicaciones, exigiendo la mejora de sus condiciones laborales y profesionales, así como la reversión de la externalización y la integración de estos servicios en el ámbito público. Estas demandas cuentan con el apoyo de los sindicatos, de las asociaciones de padres y madres, de las organizaciones de personas con discapacidad y de otros colectivos sociales y educativos, que consideran que la externalización de la educación inclusiva supone una vulneración de los derechos de los alumnos y alumnas que necesitan estos servicios, y una forma de eludir la responsabilidad de la Junta de Andalucía con los andaluces y andaluzas que necesitan ser atendidos.
En definitiva, la externalización de la educación inclusiva en Andalucía plantea un debate sobre el modelo de gestión de los servicios públicos, y sobre el papel que deben desempeñar las administraciones públicas, las empresas privadas y los profesionales de la educación en la garantía del derecho a una educación de calidad para todos y todas. Un debate que no puede obviar las consecuencias sociales y educativas que tiene esta externalización, ni las demandas y las necesidades de los colectivos implicados. Un debate que requiere de una reflexión crítica y de una participación democrática, para construir entre todos y todas una educación inclusiva, pública y de calidad en Andalucía.
